El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes cambios de titularidad en las carteras de Salud y Energía, en un contexto marcado por el descontento ciudadano, cortes eléctricos y el avance de la inseguridad en el país suramericano.

Para el Ministerio de Salud, el mandatario designó al médico Jaime Bernabé Erazo, quien asume de forma inmediata en reemplazo de la vicepresidenta María José Pinto. Pinto mantenía el cargo como encargada desde hace cinco meses, periodo en el cual enfrentó cuestionamientos por la falta de medicamentos, insumos, citas médicas y deficiencias en la comunicación institucional.

Bernabé Erazo se convierte en el sexto ministro de Salud bajo la administración de Noboa. El nuevo funcionario tuvo un paso fugaz de 27 días por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en abril de 2024, gestión que estuvo envuelta en controversias por presuntas omisiones en su declaración patrimonial, vínculos con sociedades en el extranjero y posibles conflictos de interés con recursos públicos.

Esta semana se ejecutarán decisiones necesarias para fortalecer la lucha por el país.

Se han realizado cambios en el gabinete en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que…

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 20, 2026

El Ejecutivo dispuso al nuevo ministro acelerar los procesos administrativos y corregir las fallas estructurales que afectan el sistema sanitario nacional.

En el sector energético, actualmente fusionado con Ambiente y liderado por Inés Manzano, Noboa proyecta un cambio de mando a partir del 30 de abril de 2026. Esta transición busca fortalecer la red eléctrica nacional tras las constantes críticas por los apagones registrados en ciudades como Quito y Guayaquil.

Ante las afectaciones por la reciente ola de calor y los cortes de luz, el Gobierno informó que se aplicará un alivio económico para los usuarios. La medida contempla una compensación de hasta 180 kilowatts/hora (kWh) por hogar, monto que será reflejado directamente en las facturas de electricidad de las zonas más impactadas.

En materia de orden público, el presidente ordenó un toque de queda en nueve provincias, con el objetivo declarado de enfrentar al crimen organizado y reducir los índices de violencia que azotan al país.

Estas decisiones gubernamentales responden a una coyuntura donde la seguridad, la salud y la provisión de energía eléctrica concentran el debate social y las críticas a la gestión de Noboa en las últimas semanas.

Inversión ausente y un sistema al borde del apagón

Mientras el Gobierno Noboa insiste en «mejoras al sistema eléctrico», la realidad en hogares y sectores productivos de Quito y Guayaquil cuenta una historia de abandono. Los ciudadanos enfrentan una ola de calor extrema con interrupciones del servicio etiquetadas oficialmente como mantenimientos programados.

Pese a la narrativa oficial, informes técnicos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) revelan una crisis profunda. El Plan de Operación 2026-2027 advierte una probabilidad del 25% de que la generación local sea incapaz de cubrir la demanda nacional, confirmando una vulnerabilidad crítica.

El documento técnico de marzo de 2026 ya alertaba que la falta de inversión en obras de expansión derivaría en los cortes que hoy sufre la población.

La interconexión con Colombia ha pasado de ser un acuerdo comercial a un recurso de supervivencia para evitar el colapso en horas pico. Ante la falta del respaldo colombiano, el sistema se ve obligado a despachar generación térmica costosa o recurrir a la desconexión de carga. Esta situación se agrava con mensajes de la Empresa Eléctrica Quito que piden a la población duchas de 7 minutos y mantener televisores apagados.

La exministra de Energía, Inés Manzano, atribuyó los cortes exclusivamente a fallas en la distribución y falta de comunicación de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Sin embargo, la ciudadanía percibe estas explicaciones como una evasión de la responsabilidad gubernamental ante la falta de planificación.

Salud en crisis y récord histórico de violencia

El sistema de salud en Ecuador atraviesa una crisis que golpea todos los niveles de atención. La legisladora Eliana Correa denuncia un panorama de «indignación y dolor» marcado por la falta de insumos, colapso de servicios y una desconexión total de las decisiones oficiales.

Hospitales en varias zonas del país operan con un desabastecimiento crítico por debajo del 35% y se registran 27 mil cirugías en espera. Existen retrasos de hasta 180 días para diagnósticos oncológicos y deudas estatales que afectan servicios clave como las diálisis.

Ecuador registra el gasto de bolsillo en salud más alto de América Latina con un 30,9%. Esto implica que casi 31 centavos de cada dólar destinado a salud salen directamente de los ciudadanos, profundizando la desigualdad en zonas rurales y empobrecidas.

En seguridad, el país cerró el 2025 con 9.216 muertes violentas, la tasa de homicidios más alta de la región por tercer año consecutivo. El 71% de los ecuatorianos estuvo expuesto directamente a la violencia del crimen organizado durante el último año.

Ecuador se posicionó como el sexto país con mayor nivel de violencia en el planeta, solo superado por naciones en guerra activa. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte riesgos por la militarización y los estados de excepción de Daniel Noboa.

Despidos, economía, desigualdad y guerra arancelaria

El Gobierno de Daniel Noboa prevé el despido de entre 900 y 1.200 profesionales de la salud este mes. A este escenario se suma una alerta de seguridad alimentaria aguda. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Ecuador se encuentra en la fase 3 de riesgo, nivel que comparte con territorios como Gaza y Camerún.

En materia económica, desde la llegada de Daniel Noboa a la Presidencia el costo de vida se dispara por el incremento de combustibles. En 16 meses, la gasolina Extra subió un 25,8%, mientras que el diésel registró un alza del 69,14%, impactando directamente en el transporte y la producción.

La canasta básica sufre además el impacto de una guerra arancelaria. Productos de alto consumo como el café colombiano pasaron de 8 a 14,79 dólares en supermercados, mientras comerciantes advierten que los precios subirán aún más con el arancel del 100% previsto para mayo.

Finalmente, la brecha de desigualdad alcanza niveles históricos. El 0,1% más rico percibe ingresos mensuales de 68.000 dólares, lo que representa 196 veces más que el 50% más pobre de la población, cuyo ingreso apenas llega a los 351 dólares mensuales.

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